Si un abogado, juez, fiscal o practicante no maneja adecuadamente la argumentación, no hará un buen papel, indicó Pulido, quien expuso la “Teoría de la Argumentación y su aplicabilidad”, en la Maestría de Derecho Público.
Por Koko Zavala. 25 septiembre, 2017.
El Dr. Fabio Pulido, profesor de Teoría del Derecho y Derecho constitucional y director de la Maestría en Derecho Constitucional y del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución de la Universidad de La Sabana (Colombia), estuvo en la Facultad de Derecho de la UDEP (Campus Piura). En esta entrevista, responde algunas cuestiones sobre la relevancia de la argumentación.
¿Por qué es importante que los abogados, jueces y fiscales dominen la teoría de la argumentación jurídica?
Básicamente, el trabajo que realizan abogados y fiscales es argumentativo; es decir, tienen que dar y articular diferentes tipos de razones para justificar sus puntos y sus casos: eso es argumentación. Hay, desde argumentos fácticos sobre pruebas y sobre hechos, hasta argumentos normativos, acerca de adecuar la interpretación del derecho y de la Constitución o del derecho en general. Si un abogado, sea practicante, juez o fiscal no conoce ni maneja adecuadamente la argumentación, indudablemente, no cumplirá un buen papel.
Los medios informan sobre fiscales que están muy pendientes de recoger armas o mostrarse cerca de los cadáveres, de presentar o referirse a documentos, y hablar con los medios…
Hay que diferenciar dos cosas, una es el cumplimiento de los deberes legales; por lo cual, legalmente, los fiscales y jueces, en la mayoría de democracias occidentales, tienen el deber de la reserva o guardar sumario. La otra es que no pueden adelantar una valoración de los hechos sino es a través de documentación y actos oficiales.
En principio, no tendrían por qué adelantar sus decisiones a través de otros medios. Para ello, existe una virtud fundamental: la prudencia, que es la capacidad que deben tener jueces y fiscales, de tomar decisiones sensatas en casos concretos. Quienes confunden su verdadero papel como administradores de justicia, tienen otros propósitos, como un discurso político para figurar en medios o en el ámbito público.
¿Quiénes deben ser jueces y/o fiscales?
Este es otro tema central en lo referente a reformas de justicia. Generalmente, los que hacen las leyes definen una serie de características que asumimos que hacen que un juez sea mejor que otro, porque puede llevar a estas virtudes judiciales como la prudencia y la justicia. En algunos países, para ser magistrados de la corte se exigen una determinada edad, experiencia, que no tenga antecedentes penales o disciplinarios.
Entonces, ¿la experiencia es básica para ser magistrado?
Una persona joven, con antecedentes penales, poco meticulosa, podría tener la misma capacidad para comprender lo que dice la ley, que otra con mayor experiencia. Las Constituciones y las leyes no exigen que sea juez el que más sabe la ley, sino que plantean una serie de hábitos que se logran con la edad y la experiencia. Las leyes que definen las condiciones para ser jueces o fiscales tienen que ser conscientes de que lo que se busca es un tipo de habilidades o virtudes judiciales.
Los casos más mediáticos, como el de las acusaciones presidenciales, evidencian que, a veces, la presión enfrenta a fiscales, abogados y jueces, ¿cómo hacer que la opinión pública valore la argumentación jurídica, cuando lo que prima es una desinformación de los casos?
Un problema es definir el papel de los abogados. Generalmente los abogados han encontrado en los medio de comunicación una vía perfecta para conseguir clientela. Buscan la forma de hacerse famosos por que encuentran una publicidad gratis. Los argumentos que usan no son los que emplean ante un juez, sino para crear una buena imagen en la gente. Aquí surge el primer problema de responsabilidad de los abogados: la de respetar los límites hasta donde pueden llegar.
El otro problema también es que, en estas sociedades tan conectadas, los medios de comunicación juegan un papel decisivo en la opinión de las personas. Llegan a erigirse en una especie de juez, y tienden a dar la última palabra respecto de muchas cosas. Llegan a conclusiones muy rápido y sin pruebas.
Éticamente, ¿está permitido que los abogados usen o abusen de los medios para favorecer a un cliente?
Ni éticamente ni jurídicamente lo pueden hacer. Generalmente a los abogados se les exige mucha reserva en los casos que llevan. Esta misma pregunta surgió hace un año en Colombia cuando un penalista defendía a políticos acusados de paramilitarismo y narcotráfico, cuando le cuestionó el uso de medios en sus casos, su respuesta fue: “Es que yo soy abogado, no ético. Pídame resultados jurídicos y no responsabilidad ética”.
Lo ético y lo jurídico se pueden separar conceptualmente; pero, no en la realidad. El daño que estos abogados le hacen a la misma justicia al separar la ética del derecho es muy peligroso.
